Como si de un mal menor se tratase, la banca española tendrá que pagar en total más de 400 millones de euros en forma de impuestos. ¿Qué recibirán a cambio? Salvar 28.000 millones de euros en garantías fiscales.
El Gobierno fija un impuesto del 1’5% sobre los activos fiscales diferidos que las entidades han computado como capital para evitar que la Unión Europea lo considere como ayudas públicas. Todo esto viene de la investigación abierta por la Comisión Europea por el uso que hacía la banca española de los activos fiscales diferidos, así que se ha establecido dicho impuesto para poder mantener las garantías fiscales.
Estos activos fiscales diferidos se generan por registrar pérdidas anuales en lugar de beneficios, por las provisiones que tienen que realizar los bancos para cubrir el riesgo de pérdidas de sus créditos en el futuro y por las aportaciones que se hacen a planes de pensiones para los empleados. Según esto, los bancos tienen unos gastos que reducen sus beneficios pero que no se pueden desgravar en el impuesto de Sociedades por lo que pagan más impuestos de los debidos. Así pues, en 2013 el gobierno de España reconoció el derecho a guardarse estos gastos y a utilizarlos de forma futura para reducir los impuestos que se deberán pagar en los próximos años. Por esta vía, los bancos españoles llegaron a generar avales por casi 41.000 millones de euros.
Es entonces cuando la Comisión Europea comenzó a recabar información sobre la situación y sobre si esta actividad se pudiese englobar dentro de la categoría de ayuda pública. Para cerrar la investigación, el Gobierno ha decidido incluir este nuevo impuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 por la cual las entidades bancarias tendrán que tributar por dichos activos.