En España, el sector primario, que incluye todas aquellas actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, supone un 10 % del producto interior bruto. Dada su importancia para la economía y su vulnerabilidad ante los cambios climatológicos, es uno de los sectores que más ayudas y subvenciones recibe. La Política Agraria Común, PAC, es una de ellas.
El sector agrícola es uno de los más vulnerables a variaciones en los precios debido a su susceptibilidad frente a los cambios climatológicos y en el nivel de oferta y demanda. Los agricultores pueden sufrir condiciones precarias cuando la cosecha no es lo suficientemente productiva. Sin importar que el precio del producto en este caso aumente. Por el contrario, cuando la cosecha es abundante, los precios tienden a disminuir.
Origen y objetivos de la PAC
Como consecuencia de la inestabilidad inherente al sector, este siempre ha contado con intervención estatal. Tradicionalmente, los gobiernos de los distintos países europeos eran los responsables de mantener los precios de los productos agrícolas mediante programas de ayudas y subvenciones.
Sin embargo, con la entrada en vigor del Tratado de Roma en 1958 se buscó la creación de un sistema común de ayudas y subvenciones a la agricultura. Entre ellas se encuentra la Política Agraria Común (PAC).
Los objetivos principales de la PAC incluyen mejorar la productividad del sector agrícola europeo, alcanzar el autoabastecimiento de la Unión Europea, mantener unos precios asequibles de los productos agrícolas y ofrecer una calidad de vida digna a los agricultores europeos.
Para alcanzar estos objetivos, la PAC brinda tres tipos de ayudas económicas: los pagos directos, que constituyen las ayudas directas a los agricultores, las medidas de mercado dirigidas y los programas de desarrollo rural.
Los pagos directos consisten en ayudas básicas a la renta de los agricultores en forma de pago en función de su número de hectáreas cultivadas. Aunque también se suelen complementar con otros pagos en función de una serie de factores como el tipo de cultivo, las prácticas agrícolas utilizadas, las condiciones de la actividad o la edad del agricultor. De este modo, además de una cantidad determinada por hectárea, los agricultores pueden recibir el pago verde. Este consiste en una subvención para jóvenes agricultores o una ayuda complementaria por cultivar en una zona en condiciones difíciles de explotación, entre otras.