Cada vez son más las personas que por unos motivos u otros se ven obligadas a cobrar en negro por realizar trabajos. Según los últimos estudios, aproximadamente dos millones de españoles efectúa alguna labor sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Lo cierto es que, por desconocimiento o por no tener más opciones, muchas personas llevan a cabo esta peligrosa práctica. Por ello, contar con los servicios de una asesoría laboral para recabar toda la información necesaria y sortear los inconvenientes que se puedan presentar es primordial.
Uno de los principales riesgos es ser sometido a una Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estas inspecciones se dan en los centros de trabajo y si se detecta alguna anormalidad en el pago de salarios, se efectuará un procedimiento sancionador si el acuerdo es voluntario y pactado con el empresario. Este caso afecta tanto a trabajadores que cobren un plus en B como a personas en desempleo, con prestación o no, que tengan una relación comercial no declarada ante las arcas públicas. Concretamente, los subsidiarios de desempleo dejarían de recibir la prestación del paro. De hecho, desde 2013, el fraude a la Seguridad Social se encuentra recogido como delito en el Código Penal. Afecta a empresas y a trabajadores, y no hay una cuantía mínima fijada.
Otra situación peligrosa puede derivarse del desempeño de trabajos extra como complemento al salario regular sin declararlo. En este supuesto es muy importante buscar una asesoría online o un asesor fiscal que evalúe detenidamente el caso en concreto para no incurrir en la ilegalidad. Si hay una actividad complementaria al trabajo principal sin regular, también puede abrirse un procedimiento sancionador contra el empleado.
Por último están otros riesgos no menores para los trabajadores como la pérdida del derecho a indemnización por despido, la rebaja en la prestación del paro —al tener menos días cotizados— , el desamparo ante una baja por enfermedad o accidente, o la disminución de la pensión de jubilación.