El pasado día 30 de septiembre entró en vigor del Ddecreto-ley que reforma al Impuesto sobre Sociedades. El texto se publicó en un BOE extraordinario poco antes de las nueve de la noche. Se trata del Real Decreto-ley 2/2016, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público.
En consecuencia, el mismo día se publicó la Orden HAP/1552/2016 que modifica las Órdenes que regulan los modelos 220 y 202 con el fin de adaptarlos a los nuevos cambios legales.
En concreto, dicha reforma va dirigida a aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, sea al menos, 10 millones de euros.
Pero, ¿cuáles son las nuevas medidas introducidas?
1. Se recupera el sistema de pagos fraccionados que se estableció en 2012 y que se levantó este mismo año. No se trata de una subida del tipo general del impuesto, sino de los pagos que se adelantan a cuenta.
2. Se eleva del 12% al 23% el tipo mínimo de pago fraccionado. La reforma consiste en un incremento con carácter permanente de los pagos fraccionados que las empresas adelantan a cuenta del impuesto en los meses de abril, octubre y diciembre del periodo impositivo en curso. En julio del año siguiente se liquidan las diferencias con la presentación de la declaración de Sociedades.
Aunque se plantean excepciones a ese ingreso mínimo: se excluye la renta correspondiente a quitas o esperas a consecuencia de un acuerdo con los acreedores; las entidades parcialmente exentas solo se considera el resultado positivo de rentas no exentas; las entidades que prestan servicios públicos locales (solo aplicarán el mínimo sobre las rentas no bonificadas) y tampoco a las entidades no lucrativas de la ley 49/2002, las que tributan al tipo del 1%, las SOMICI’s ni los Fondos de Pensiones.
3. Se mantendrá hasta que el déficit baje del 3%. Según ha informado el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, el objetivo es mantener una recaudación total del Impuesto de Sociedades de entorno a 20.000 o 21.000 millones de euros al cierre de 2016.
Aunque el Decreto-ley ya está en vigor, deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. No obstante, el Gobierno se muestra optimista respecto a dicha convalidación, para lo que ha estado manteniendo conversaciones con los distintos grupos parlamentarios.