A pocas horas de las elecciones al Parlament Catalán, las voces disonantes contra la independencia catalana siguen alzándose como una predicción velada que parece ver el futuro cercano de más de siete millones de catalanes.
El Ministerio de Hacienda, como portavoz oficial del Gobierno de España, ha publicado un comunicado en su web en la que defiende la inviabilidad económica de un hipotético Estado catalán. Según los expertos, la supuesta república de Cataluña tendría problemas para mantener los servicios sociales básicos que incluirían el pago de pensiones. El mismo Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha afirmado que es la Administración Central la que «sostiene financieramente a Cataluña desde el año 2012«, facilitando liquidez a la Generalitat por un importe de 50.000 millones de euros.
En total, la deuda de la Generalitat asciende a casi 67.000 millones de euros. Gracias a las mejoras crediticias, el gobierno catalán ha ahorrado casi 1.600 millones este año y unos 1.400 millones el próximo. Con los datos sobre la mesa, es fácil llegar a la conclusión de que sin las ayudas estatales, Cataluña estaría en bancarrota. Por eso suena a chiste la amenaza velada del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuando afirmó que se negarían a pagar la deuda si el Gobierno central se negaba a negociar.
Desde el gobierno central han respondido a sus amenazas elevando a «bono basura» la calificación crediticia de Cataluña si ésta se negara a pagar la deuda, en tanto lo cual nadie le prestaría dinero: «Si anuncia que no va a pagar la deuda, ¿quién le va a financiar?, ¿a qué precio? Si no hubiera sido por los préstamos concedidos por el Estado a través de los distintos fondos puestos en marcha, la Generalitat no habría podido atender a los vencimientos de deuda que tiene contraídos de ejercicios anteriores; ni habría podido financiar su déficit público; ni habría podido sostener la financiación de los servicios públicos en Cataluña; ni se habría podido garantizar el pago de las facturas a muchas pequeñas y medianas empresas, proveedoras de la Administración catalana«, sostiene el informe publicado por Hacienda.